Problemática: La problemática que se aborda tiene que ver con los asesinatos a precandidatos y candidatos a puestos de elección popular en México durante el periodo electoral 2017-2018.

Objetivo de la investigación: 1) Realizar un análisis cuantitativo de los mu- nicipios que se encuentran ubicados en estados que sufrieron al menos un asesinato de precandidatos o candidatos. 2) Identificar patrones políticos y sociales de los municipios afectados por la violencia política.

Hallazgos: La evidencia de la parte descriptiva de este ensayo, basada en la revisión de reportes periodísticos, apunta a que estos crímenes se deben a intentos del crimen organizado por influir los resultados electorales, y a que dichos políticos fueron el blanco de ajustes de cuentas por su participación directa o indirecta, en actividades delictivas.

No obstante, de entre los 48 precandidatos y candidatos asesinados, solamente en 20 casos fue posible identificar uno de estos posibles móviles de los asesinatos, por lo que es difícil extrapolar las causales aquí descritas a todos los candidatos asesinados.

Los resultados de estos análisis apuntan a que los asesinatos de candidatos en el pasado proceso electoral están relacionados con la presencia (número) de organizaciones del crimen organizado y con la tasa de homicidios en los municipios donde ocurrieron los asesinatos, así como los municipios en que competían los candidatos. En conjunto, tanto la evidencia de los reportes periodísticos, como la evidencia del análisis estadístico, apuntan a que las actividades del crimen organizado son una de las variables más importantes detrás de los homicidios de candidatos en el proceso electoral.

Por otra parte, el análisis estadístico también sugiere que existe una rela- ción negativa entre el número de agentes del ministerio público operando en cada estado y los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular en cada municipio. Esto señala que una mayor presencia de las agencias de seguridad del Estado, en particular de las encargadas de iniciar y dirigir las investigaciones penales en representación del Estado, puede ser un elemento que disuada a los integrantes de las organizaciones criminales de ejercer actos de violencia en contra de los candidatos.

Si consideramos de forma conjunta ambos hallazgos, podríamos suponer que la violencia electoral obedece primordialmente a incentivos materiales de competencia entre organizaciones criminales y a un débil estado de derecho.