Tras la creación de la Guardia Nacional (supuestamente una organización civil pero militarizada en la práctica), la actual administración de Andrés Manuel López Obrador aprobó un decreto presidencial en mayo de 2020 para militarizar la seguridad pública en el país. Así se formaliza el proceso de militarización que el gobierno mexicano inició con el inicio de la guerra contra las drogas en 2007. La falta de rendición de cuentas y la opacidad de los militares para brindar información se agrava con este nuevo decreto ya que no se precisa cómo se implementará una rendición de cuentas efectiva o cómo se responsabilizará al ejército por violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

La militarización de la seguridad pública en México no ha estado acompañada de una disminución de la violencia en el país. Por el contrario, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes ha crecido exponencialmente desde el 2008 y el número de desaparecidos y la incapacidad del gobierno por investigar su paradero han generado una crisis humanitaria que ha sido atendida sólo por los familiares de las víctimas. Mientras tanto, los grupos del crimen organizado se han fragmentado, han diversificado sus actividades y han evolucionado de tal manera que hoy en día es casi imposible hacerles seguimiento y mucho menos hacerle frente a la violencia que estos generan.

Las investigadoras e investigadores del PPD nos sumamos a estos esfuerzos a través de la academia, generando y analizando información con el fin de entender más profundamente la situación de violencia actual y con el objetivo de dar recomendaciones de política pública que ayuden a disminuir y a abordar de mejor manera la crisis de seguridad generada no sólo por la evolución del crimen organizado sino también por la militarización de la seguridad pública. 

En 35 estados de la Unión Americana existen mercados legales para marihuana medicinal y en 15 (más el Distrito de Columbia) para su uso adulto. En el Distrito de Columbia, además, la persecución del cultivo, comercio, transporte, posesión y distribución de plantas enteógenas como la psilocibina dejó de ser una prioridad para las fiscalías. En el Estado de Oregón, se aprobó descriminalizar la posesión de sustancias ilícitas como la cocaína, heroína, LSD, metanfetaminas, entre otras. En lugar de ser sancionado con cárcel, se impondrá una multa de $100 usd, que pueden evitarse participando en un programa de salud. Canadá y Uruguay, ya cuentan con mercados regulados de drogas, mientras que otros países como los Países Bajos o Portugal han optado por modelos de descriminalización. 

En México, en el 2018, la Suprema Corte de Justicia declaró por quinta ocasión inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana, lo que obliga a todos los tribunales del país a emitir sentencias en el mismo sentido y al congreso a eliminar las normas declaradas inconstitucionales. Además, a finales del 2020, el Senado aprobó una propuesta de Ley General para la regulación de la Cannabis. Sin embargo, la ley no retira la cannabis del sistema penal e incluye mecanismos regulatorios que serán perjudiciales para los pequeños cultivadores y productores. El dictamen aprobado solo atañe a la regulación de la marihuana, dejando intacta la prohibición de otras sustancias y el enfoque punitivista que hoy orienta la política de drogas en el país. 

Desde el PPD contribuimos a la generación y análisis de propuestas de regulación de todas las sustancias (lícitas e ilícitas). Nuestro equipo de investigadores e investigadoras contribuye al debate público nacional e internacional con análisis normativos y con la generación de evidencia que sustente marcos regulatorios más justos y respetuosos de los derechos fundamentales.

En México, el modelo predominante para atender el fenómeno de uso de drogas desde la perspectiva del control de la demanda ha sido la abstinencia. El grueso de la oferta de servicios públicos está dirigida a personas que nunca han consumido sustancias o a quienes han transitado a patrones de uso problemático y/o dependencia. No existen alternativas para las personas que inician su consumo o tienen usos ocasionales o habituales, pero no problemáticos, que conforman la mayoría de la población usuaria de sustancias.

En el PPD estudiamos el uso de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Este enfoque hace alusión a políticas, programas y estrategias de intervención que buscan reducir los efectos adversos del uso de sustancias psicoactivas, fortaleciendo la capacidad de las personas usuarias para tener un mayor control sobre sus vidas y su salud, sin que se requiera la reducción de sus consumos o la abstinencia para gozar de sus derechos fundamentales.

Desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, pensamos que el uso de sustancias legales e ilegales es inevitable, pero no así los efectos negativos que pueden tener estos consumos en las biografías de las personas usuarias. Por ello proponemos análisis de los contextos sociales, culturales, económicos y políticos que potencian los efectos nocivos del uso de sustancias en comunidades específicas. Asimismo, profundizamos en la comprensión de los significados y motivaciones asociados al consumo de sustancias en los contextos de vida de las personas usuarias para promover alternativas de tratamiento acordes a sus necesidades, así como procesos de participación e incidencia política tendientes a promover los derechos fundamentales de estas poblaciones.