Los efectos disuasivos de la tipificación del feminicidio en la tasa de muertes violentas de mujeres en México


   Licenciatura en Políticas Públicas


Las acciones e intervenciones que el gobierno mexicano ha realizado hasta ahora para erradicar el problema sistemático de la violencia contra las mujeres han quedado en el ámbito normativo, esperando resultados estructurales. En abril del 2012, se incluyó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, dos de cuyos principales motivos fueron: evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida. Hasta ahora sabemos que es importante, en términos políticos y simbólicos, incluir el feminicidio en los códigos penales. Sin embargo, queda pendiente saber si el hecho de tipificar el delito realmente tiene un efecto en la reducción de las muertes violentas de mujeres.

Mediante una evaluación de impacto realizada a nivel municipal con datos de diversas bases del INEGI (2006-2016), esta investigación concluye que tipificar el feminicidio no tiene un impacto significativo en la reducción de las muertes violentas de mujeres con características de feminicidio. Este resultado es consistente, así el feminicidio haya sido tipificado como delito autónomo o como agravante de un homicidio doloso. La violencia generalizada fue significativa (p<0.01) como variable independiente sobre la variable de resultados de muertes violentas de mujeres. Esto indica que, a mayores tasas de violencia, medida con la tasa de homicidios de hombres por municipio, hay mayores tasas de homicidios de mujeres con características de feminicidio.

Se concluye que 1) tipificar el feminicidio no es una acción suficiente para garantizar que esta se aplique y que funcione para los propósitos que fue creada; 2) es necesario crear una política pública, hasta ahora inexistente, para prevenir y evitar los feminicidios; y 3) las políticas de seguridad mientras no incidan en la reducción del número de homicidios de hombres, seguirán aumentando el número de feminicidios, de manera que es fundamental apoyar el fortalecimiento institucional de la seguridad de corte civil incluyendo, al mismo tiempo, una perspectiva de género.


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