Primero: el 2007 es un parteaguas para los homicidios de las mujeres, como ocurre con los homicidios de los hombres. A partir del 2007, la violencia se dispara y nunca vuelve a los niveles previos a este año. Los homicidios llegan a su tasa más alta de las últimas cuatro décadas en el 2017, cuando 5.2 mujeres por cada 100,000 fueron privadas de sus vidas. Estamos hablando de aproximadamente 3,300 mujeres que fueron asesinadas, solo en ese año. La crisis es innegable.

Este aumento en la violencia, sin embargo, no ha sido homogéneo. Los aumentos de la violencia han afectado, de manera desproporcionada, a mujeres jóvenes (de 20 a 35 años) y han sido desproporcionadamente cometidos en la vía pública y con armas de fuego.

Esto es crucial. El arma de fuego es la forma más común con la que matan a mujeres en el país. Lo es para todo el periodo de 2000 a 2017. Lo es tanto en la casa, como en el espacio público. Y es la forma de homicidio que más aumentó.

Para dimensionar el tamaño del cambio: entre el 2007 y el 2017, la tasa de homicidios de hombres con arma de fuego en espacio público se volvió 4.6 veces más grande. En mujeres, se volvió 5 veces más grande.

La pregunta básica es: ¿qué pasó en el 2007 en el país? Entre otras cosas, se militarizó la seguridad pública de forma constante e intensa en el país. Viendo los datos, lo que queda claro es que la vida en un país que está militarizado y en uno que no lo está es drásticamente distinta.

¿Qué implica todo esto? Que, además de exigir políticas para prevenir los homicidios en casa (que tampoco se han reducido) y para erradicar la discriminación por género (que por supuesto impacta los homicidios), es necesario también exigir políticas que garanticen un control efectivo de armas; que promuevan la desmilitarización  de la seguridad pública; y que fortalezcan a las instituciones civiles para que realmente sean capaces de responder a la violencia de manera inteligente, focalizada, transparente y justa, desde lo local y de la mano de la comunidad.