Problemática: La investigación presentada aborda la violencia que el Estado colombiano ha ejercido sobre poblaciones específicas en el país en el marco de la “lucha contra las drogas” que desborda la retórica antinarcóticos, en este caso, con los y las cultivadoras de coca.

Objetivo de la investigación: Revisar los diferentes instrumentos legales que respaldan “la lucha contra las drogas” particularmente en el Caquetá para comprender el efecto que ha tenido en la comunidad.

Diseño de la investigación: La investigación utiliza una metodología cuali- tativa basada en visitas, observaciones participantes y 55 entrevistas semi-estructuradas sobre las historias de vida de los pobladores de el Caquetá.

Hallazgos: La violencia que ejerce el estado colombiano se discute y se rechaza. Para estas poblaciones rurales, la violencia es ilegítima a pesar de que el mandato legal del funcionamiento del Estado le otorgue justificación.

Ésta es una forma en la que no sólo la violencia sino en general el ejército y el Estado se cuela en las historias de vida de los campesinos. La otra es a través de la política social.

Además de esta violencia directa sobre las familias campesinas, hay una menos evidente, pero no por eso menos eficaz: la estigmatización de los y las cultivadoras de coca. Históricamente, los cultivadores han sido considerados como criminales, desviados, narco-campesinos, auxiliadores de la guerrilla y delincuentes y han interpretado, percibido y se han apropiado de este discurso hegemónico considerando la planta como “maldita”, como “una condena” que deben pagar, dado el caos y la violencia que implica vivir de este negocio, que a la vez los “salva” del hambre.

La implementación de los programas de sustitución de coca se da en el contexto en el que la violencia de la erradicación no se ha acabado, porque el principio básico es la eliminación del cultivo. El gran temor es que a la hora de evaluar el cumplimiento o no de los compromisos, el estado funge tanto de “árbitro” como de “jugador”, es decir, puede señalar a los campesinos y campesinas de no cumplir y forzar la erradicación, pero a la vez puede ser el que incumple y no hay un mecanismo claro que lo obligue a hacerlo.

A eso hay que agregar que se han firmado dos pre-acuerdos en el Caquetá y las quejas de las organizaciones campesinas señalan gran desinformación por parte de las autoridades locales que confunden a los y las cultivadoras y las redes clientelares que impiden la representación de los cocaleros. El resultado ha sido la firma de dos pre acuerdos que no representan a todos los involucrados.