El documento busca situar la falta de acceso a servicios públicos de atención al uso problemático de drogas y los retos que ello supone para las familias que tienen a alguno de sus miembros atravesando por esta condición. Para ello recurro al concepto de privatización de cuidado, a través del cual se plantea cómo el uso problemático de drogas es construido conceptual y políticamente como una falla individual del carácter. La privatización del cuidado permite subrayar cómo la reducción del estado de bienestar se ha traducido en el campo del uso problemático de drogas en la ausencia de una política pública de atención a esta situación y en la invisibilización de los elementos estructurales que inciden en la conformación de dinámicas de uso problemático de drogas. La argumentación está sustentada en material etnográfico recogido con personas con uso problemático de drogas y sus familiares en Tijuana, Mexicali, Hermosillo y Ciudad Juárez entre 2007 y 2015. Se concluye planteando la necesidad de reconocer los elementos estructurales que inciden en el desarrollo de patrones problemáticos de uso de drogas. Se subraya el papel del Estado como garante del bienestar de los ciudadanos y por lo tanto su obligatoriedad de ofrecer atención en su dimensión individual y colectiva al uso problemático de drogas garantizando intervenciones de calidad, basadas en evidencia y respetuosas de los Derechos Humanos, para proteger el bienestar económico, social y emocional de las familias que enfrentan esta situación.
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