Prohibición en San Luis Potosí


                    


La prohibición de las drogas en San Luis Potosí: elementos para una reforma


 

 

El crecimiento de la violencia en México fue detonado por políticas punitivas que pretenden combatir al mercado ilegal de drogas con el uso de la fuerza pública, sin discernir cómo funciona el robusto mercado en el que se ofertan. En este ámbito, los principales agentes involucrados en el mercado ilícito de drogas y sus intentos de supresión –pequeños y grandes productores, distribuidores, cárteles, policías, fuerzas armadas, fiscales, consumidores– interactúan a través de un conglomerado de acciones y redes que afectan tanto al bienestar social como a un número importante de individuos.

Bajo un modelo que, en la práctica, equipara al usuario de drogas ilegales con el delincuente, el Estado mexicano ha puesto el hincapié en confrontar a organizaciones criminales cada vez más diversificadas y profesionales a través del uso de la fuerza, incluso la letal. El énfasis en la represión dista mucho de la perspectiva de salud –que, según nuestras leyes, justifica la prohibición– y que debería informar toda política de drogas. Más aún: la prohibición que sirve de fundamento para la represión presume que el uso de sustancias en sí mismo es el problema y pierde de vista que el principal problema público a atender no es el uso de sustancias en sí mismo, sino el uso problemático de éstas.

El presente informe pretende recopilar, analizar o presentar la evidencia básica para poder tener un debate informado sobre el impacto que la implementación de la prohibición y otras políticas públicas relacionadas con las drogas tienen en la sociedad y en las instituciones de San Luis Potosí. Asimismo, ofrece recomendaciones concretas para mejorar la atención a usuarios y minimizar los efectos negativos de la prohibición y la represión. A partir de los hallazgos que aquí se ofrecen se pueden empezar a revisar las políticas de drogas a nivel estatal y se puede ampliar una agenda de investigación que permita mejor evaluar, revisar, rediseñar e implementar intervenciones estatales. Además, se apunta en la dirección en la que debe realizarse la obtención de información empírica adicional que permita continuar profundizando en la comprensión de la política de drogas.

En muchos sentidos –por la multiplicidad de enfoques, el acceso a datos y la independencia con que se realizó–, este trabajo es de vanguardia en México y creemos que puede servir de modelo para mejor entender nuestra política de drogas actual, su impacto real en las comunidades e instituciones en que se despliega y, sobre todo, cómo mejorarla. Es el resultado de una decisión responsable por parte de las autoridades estatales de someter la información que generan sus instituciones al análisis informado a fin de conocer, de una manera más clara, los problemas y las posibilidades que tiene una entidad federativa específica para mejorar un ámbito del actuar estatal que, desde hace cinco lustros, es de los más problemáticos y lacerantes para el país y sus ciudadanos.


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